El 97 por ciento de los funcionarios de la UJAT cumplió con su declaración patrimonial: Carrillo González

El 97 por ciento de un universo de cuatro mil 355 servidores públicos de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT), cumplió en tiempo y forma con su Declaración de Situación Patrimonial y de Intereses, requisito obligatorio impuesto por la Ley General de Responsabilidades Administrativas, informó la titular de la Contraloría General de esta casa de estudios, María de los Ángeles Carillo González.

Al hablar sobre este proceso, que se da por segundo año consecutivo en la UJAT, agradeció el respaldo del rector Guillermo Narváez Osorio al colaborar en los programas informativos producidos para beneficio de la comunidad universitaria, además de poner el ejemplo, al realizar este proceso administrativo en los plazos planteados por la ley. 

Con respecto del dos por ciento que no presentó la Declaración Patrimonial de Modificación, la cual se desarrolló del 1 al 31 de mayo del presente año, la funcionaria indicó que se encuentran en proceso de investigación con base en lo estipulado en el artículo 33 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, a fin de definir el porqué de su incumplimiento y proceder a la resolución del mismo. 

En este sentido, Carrillo González destacó que pueden existir incidencias como bajas de trabajadores, defunciones, jubilaciones o toda acción que deriva en una separación de la relación laboral con la UJAT, por lo que si es el caso, estas personas deberán presentar una declaración de conclusión del cargo. 

Agregó que, con respecto de los números del año pasado en el que se tuvo una prórroga de ocho meses para presentar la declaración y se contó con un cuatro por ciento de omisión, “el 2022 entrega resultados positivos porque en tan solo un mes que se otorga por ley para cumplir con el requisito, se tuvo solo el 2 por ciento de incumplidos, lo que representa 101 servidores públicos”.

Carrillo González concluyó que, quienes no realizaron la declaración, pueden acercarse con su requerimiento a la Contraloría General, ya que “la ley es pareja y a todos nos obliga por mandato, a cumplir a cabalidad este requisito”.